Confirman la baja más de 1.500 pensiones por invalidez: «Eran fraudulentas»
El Gobierno eliminó 1.796 pensiones por invalidez fraudulentas en Chaco, revelando graves irregularidades en la entrega de beneficios. Además, anunció la eliminación de más de 2.400 contratos irregulares y la reforma en las capacitaciones de conductores, que despoja a la UTA de su monopolio en el sector.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno procedió a la baja de 1.796 pensiones por invalidez otorgadas en la provincia de Chaco por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al comprobarse que eran fraudulentas o no cumplían con los requisitos establecidos. «Como dijimos siempre, donde encontremos negocios de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar», destacó Adorni, al referirse a las acciones tomadas para corregir irregularidades.
En una nueva auditoría, el Gobierno descubrió que solo 365 de las 2.344 pensiones por invalidez en Chaco cumplían con los requisitos para continuar recibiendo el beneficio. «Siete de cada diez pensiones otorgadas estaban mal dadas o eran fraudulentas», afirmó Adorni, señalando que la intervención de ANDIS en la provincia permitió identificar estas irregularidades.
Además, Adorni anunció que el Ministerio de Justicia eliminó más de 2.400 contrataciones irregulares que venían siendo realizadas durante décadas a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Estas contrataciones, explicó el vocero, estaban fuera del sistema previsto por el empleo público nacional.
En su intervención, Adorni también destacó la eliminación de incentivos al personal del Ministerio de Transporte, los cuales inicialmente fueron destinados a la capacitación, pero con el tiempo se convirtieron en parte del salario sin justificación. Este gasto anual ascendía a 15.600 millones de pesos.
Por último, el vocero presidencial se refirió a la reforma en las capacitaciones para obtener licencias de conducir, anunciando que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) eliminó el monopolio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sobre estos cursos, que desde 2019 recibían más de 11.000 millones de pesos anuales.
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