Grave denuncia: víctimas de una falsa imputación demandan ahora a sus denunciantes

Una nueva causa judicial pone en la mira a Pablo Daniel Olivares, propietario de la Clínica Argentina en Rodeo, Iglesia, y Roberto Carlos Arredondo quienes ahora enfrentan una demanda por Daños y Perjuicios tras haber realizado una denuncia infundada que llevó a la detención de dos inocentes.

Una falsa denuncia que destruyó vidas

En febrero de 2022, Olivares amplió una denuncia por robo y apuntó sin pruebas contra Matías Emanuel Baigorri Elizondo y Carlos Ostinelli. A raíz de esto, ambos fueron detenidos, incomunicados y sus domicilios fueron allanados, generando un daño irreparable en su honor, su vida personal y su estabilidad emocional.

Según la presentación judicial, la acusación se basó en una supuesta filmación de las cámaras de seguridad de Olivares, la cual nunca fue presentada como prueba. Además, el otro denunciado, Roberto Carlos Arredondo, quien proveía el servicio de almacenamiento de las grabaciones, habría afirmado haber visto imágenes comprometedoras, pero jamás entregó registros a la Justicia.

Tras meses de investigación sin pruebas concluyentes, en septiembre de 2022 se dictó la falta de méritos para Baigorri, y en marzo de 2023 se ordenó su sobreseimiento definitivo, dejando en evidencia la falsedad de la denuncia.

Por los daños ocasionados, Baigorri inició una demanda contra Olivares y Arredondo por la suma de $54.581.861,12 más intereses, exigiendo una reparación económica por los perjuicios sufridos, entre los que se cuentan la ruptura de su relación de pareja, el deterioro de su salud mental y las pérdidas económicas derivadas de la situación.

Olivares, ahora bajo sospecha por estafa a la Obra Social Provincia

Paradójicamente, Pablo Daniel Olivares, quien intentó incriminar sin pruebas a Baigorri y Ostinelli, hoy enfrenta graves acusaciones. Su clínica en Rodeo está bajo investigación por presuntas estafas a la Obra Social Provincia, lo que ha generado indignación en la comunidad iglesiana.

Las denuncias indican que se habrían facturado prestaciones médicas que no se realizaron o se habrían inflado costos, generando un perjuicio económico millonario al sistema de salud provincial. La Justicia será la encargada de determinar su responsabilidad en este caso, mientras que su credibilidad queda seriamente cuestionada tras el antecedente de la falsa denuncia.

¿Habrá justicia?

El caso pone en el centro del debate la impunidad con la que algunas personas pueden realizar denuncias sin fundamentos, causando daño irreparable a inocentes, y al mismo tiempo, estar involucradas en hechos de corrupción. La sociedad iglesiana sigue con atención ambos procesos judiciales, esperando que esta vez se haga justicia de manera efectiva.

Fuente: Jachallaregion