Gobierno anuncia nuevo sistema de gestión para ayuda social en medio de escándalo por reparto de alimentos

En medio de un escándalo por el reparto de alimentos bajo la custodia del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno ha dado a conocer un nuevo sistema de acopio y distribución de recursos destinados a la ayuda social. El anuncio fue realizado por Federico Sturzenegger, asesor económico del presidente Javier Milei, a través de sus redes sociales, donde detalló la adopción de un «sistema de contratos contingentes» que cede la gestión de estos bienes al sector privado.

En un extenso comunicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Sturzenegger explicó que este nuevo diseño de administración de alimentos fue solicitado por el presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el objetivo de eliminar los mecanismos de lucro político relacionados con la pobreza.

Según Sturzenegger, en este nuevo sistema no se comprarán directamente los bienes, sino que se adquirirá una «opción de compra» de los mismos, utilizando términos financieros para describir el proceso. La responsabilidad del acopio y la distribución adecuada de los bienes será transferida al sector privado, lo que implica que los organismos estatales ya no serán competentes en esta función.

El asesor económico explicó que el sector privado utilizará su logística y capacidad de almacenamiento para proveer los productos necesarios, asegurando así su disponibilidad constante sin que el Estado tenga que mantener inventarios o depósitos. En términos operativos, Sturzenegger describió el proceso como la compra por parte del Gobierno de un «seguro de entrega inmediata en la emergencia», donde el sector privado se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se requiera a cambio de un pago por este servicio.

Esta medida representa un cambio radical en la manera en que se gestionan los recursos destinados a la ayuda social, buscando garantizar una distribución más eficiente y transparente de los mismos, al tiempo que se elimina la posibilidad de lucro político en este ámbito. Sin embargo, este nuevo sistema también plantea interrogantes sobre la supervisión y control de la gestión de los recursos por parte del sector privado y sobre cómo se garantizará el acceso equitativo a la ayuda social para aquellos que más la necesitan.