El Gobierno Nacional profundiza el vaciamiento de ANSES con cierre de 50 oficinas y despidos de 1900 empleados

El gobierno nacional continúa con su política de reestructuración estatal, lo que ha llevado a un nuevo y profundo ajuste en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En una declaración pública, el presidente Javier Milei expresó su deseo de «destruir al Estado desde adentro», una afirmación que se ve reflejada en las recientes decisiones respecto a la ANSES.

Entre marzo y abril de este año, el Gobierno determinó el cierre de cincuenta oficinas de atención al público de ANSES en diversas jurisdicciones del país. Estas Unidades de Atención Integral (UDAI) brindaban servicios esenciales como la gestión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el salario familiar, la beca Progresar, la jubilación, y otras prestaciones sociales. El cierre de estas oficinas ha dejado a numerosos pueblos del interior sin acceso a estos servicios vitales, obligando a los ciudadanos a viajar más de 100 kilómetros para realizar sus trámites, lo que ha generado un aumento en la concentración y colapso de la atención en las pocas oficinas restantes.

A esta situación se suma una nueva ola de cierres y despidos. Según un listado elaborado a pedido de Mariano De Los Heros, titular de la ANSES, se planifica el cierre de otras 49 oficinas. Las regiones más afectadas serán la Provincia de Buenos Aires y el noroeste argentino, aunque también se verán impactadas dependencias de La Patagonia, el Litoral y la zona centro del país.

Actualmente, la planta de trabajadores de ANSES alcanza los 13 mil puestos de trabajo. Los gremios estiman que el cierre de dependencias resultará en un recorte superior al 15% del personal, lo que representa una disminución significativa de los recursos humanos disponibles para atender las necesidades de la población.

«Constituye otro paso en la profundización del vaciamiento de la ANSES, con el objetivo de destinar la caja previsional a la que aportan los trabajadores todos los meses para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta y subsidios a los empresarios», afirmaron fuentes de ATE. Esta política está ligada al empobrecimiento sistemático de los jubilados, ya que la reducción del personal y el cierre de oficinas disminuyen la cantidad de aportantes, agravando la relación entre trabajadores activos y pasivos.

El impacto de estas medidas en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en áreas rurales y menos accesibles, es profundo, aumentando las dificultades para acceder a servicios esenciales y contribuyendo a una mayor precarización de los jubilados y beneficiarios de programas sociales.