El Gobierno Avanza con la Reglamentación de la Ley Bases: Reforma del Estado y Privatizaciones en el centro del debate

A través del Decreto 695, publicado en la medianoche en el Boletín Oficial, el Gobierno ha dado un paso significativo en la reglamentación de la Ley Bases, concretando la primera etapa de su implementación. Este decreto establece la entrada en vigor del capítulo sobre Reforma del Estado, que abarca la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó la importancia del decreto al afirmar: “Ya se aprobó un decreto y en la semana se va a aprobar seguramente la implementación del capítulo del RIGI, pero ya se ha aprobado la reglamentación con el decreto y sobre todo, con el tema de los procedimientos administrativos y todas las normas que hacen a la desburocratización del Estado”.

La primera etapa de la reglamentación de la Ley Bases se centra en el Título II, denominado “Reforma del Estado”. Esta normativa prevé un reordenamiento administrativo para lograr una gestión pública más transparente, ágil y eficiente, con el objetivo de reducir el déficit y asegurar un control interno más efectivo. También se habilita la modificación o eliminación de competencias y funciones de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, con algunas excepciones como el CONICET, el INTA y la CNV, entre otros.

En cuanto a las privatizaciones, el decreto incluye un anexo que detalla el alcance de la normativa respecto a la privatización total o parcial de diversas entidades, como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, y el Complejo Carbonífero, entre otros.

Asimismo, la reglamentación aborda una nueva estructura para el empleo público. El artículo 52 del Capítulo IV modifica el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 (Ley Marco), estableciendo que los empleados afectados por la reestructuración serán puestos en disponibilidad por hasta doce meses. Durante este período, deberán recibir capacitación o realizar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si no formalizan una nueva relación laboral al finalizar el período de disponibilidad, serán desvinculados de la Administración Pública nacional, aunque tendrán derecho a indemnización.

La nueva regulación impactará a aproximadamente 180,000 empleados públicos, incluyendo 125,000 con estabilidad plena bajo la Ley Marco y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de 55,000 empleados de planta transitoria.

Queda pendiente la reglamentación de las delegaciones de facultades para declarar la emergencia pública en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades relacionadas con estas materias por un plazo de un año.