El primero en iniciar la movida judicial contra el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2024 en San Juan fue el abogado Felipe Molina Rojo, ligado al frente Patria Grande, de Juan Grabois. El joven sanjuanino hizo la presentación, el pasado 29 de diciembre, de un amparo «junto con una medida cautelar de suspensión para que de forma inmediata no se cumplan los efectos del amparo, como así también solicitando la inconstitucionalidad del decreto en su totalidad».

La titular del Juzgado Federal Nº2, jueza Eliana Rattá, habilitó la feria para el tratamiento del amparo y remitió el expediente al Juzgado Contencioso Federal en Ciudad de Buenos Aires, para que sea tratado con el resto de los amparos presentados a nivel nacional. Eso ahora quedó sin efecto. Retornará a San Juan para ser tratado de forma individual, tal como lo planteó Molina Rojo, junto a su colega Nicolás Torres. Ademas también retornará a San Juan el amparo que presentó la Asociación de Inquilinos, con el patrocinio de Renzo Quero.