«Vallejos y su pedido de juicio político desatan conflictos en el oficialismo y en el PJ local»

La denuncia del empresario textil y dirigente libertario Sergio Vallejos contra tres cortistas, en la que promueve un juicio político para sus destituciones, no sólo generó impacto mediático, sino, también, ruido político y versiones de todo tipo. En el justicialismo se activaron señales de alerta por la embestida contra tres ministros del máximo tribunal designados en la gestión uñaquista y se preguntaban si el Ejecutivo estaba detrás, teniendo en cuenta que Vallejos fue un socio electoral del orreguismo, al punto de ser uno de los candidatos a gobernador del espacio. Por otro lado, también circuló que hubo actores del PJ que usaron la maniobra del empresario para tratar de vincularla con el gobierno y, así, enemistarlo con la Corte y romper acuerdos, como el de la futura designación del fiscal de Estado, señalaron fuentes calificadas.

A su vez, trascendió que hubo contactos entre operadores orreguistas y el máximo tribunal judicial. El mensaje habría sido que la maniobra de Vallejos es de tipo individual y que no fue fogoneada por el oficialismo. Las conversaciones también se dieron entre los nexos de cada uno de los principales espacios como para aclarar los tantos, indicaron.

Es que algunos analizaban que la movida del libertario tenía cierto visto bueno del oficialismo para utilizarlo como presión para garantizarse la presencia de Sebastián Dávila en la terna de fiscal de Estado ante un supuesto rechazo. En el orreguismo lo negaron tajantemente.

Todo ese “ruido” amagó con colarse en la conformación de las ternas para los cargos de fiscal de Estado y dos de jueces de Paz. La tarea estuvo a cargo del Consejo de la Magistratura, el cual es presidido por el cortista Juan José Victoria, la ministra de Gobierno, Laura Palma; la diputada peronista uñaquista Fernanda Paredes y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres. Estos dos profesionales consiguieron sus lugares en la elección que hizo el Foro y que tuvieron el respaldo de la Agrupación de Abogados Justicialistas. Identificados, en su momento, en la línea del exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, ahora juegan con más independencia a raíz del alejamiento de este del justicialismo, aseguraron las fuentes.

Pese a los alineamientos que pudiesen existir (o no), quedó reflejado que hubo acuerdo, al menos, en la presencia de postulantes del orreguismo y el PJ uñaquista: Dávila en la terna de Fiscal de Estado y Jorge Oribe en la de juez de Paz de Albardón, respectivamente. Ahora, eso debería trasladarse a las designaciones en la Cámara de Diputados, aunque se verá cómo salen las votaciones.

Después, circularon otras versiones, como que habría habido alguna intención de que quedara ternada para el cargo de fiscal de Estado la exdiputada justicialista Celina Ramella, quien además es personal de planta del organismo. Para algunos, habría sido una presión a la hora de definir el nombramiento entre Dávila y la exlegisladora. Si existió la movida, las fuentes indicaron que, a su vez, habría sido desactivada.

Por otro lado, en la terna para el Juzgado de Iglesia, sonó que el PJ habría querido poner fichas en el actual fiscal de Flagrancia, Adrián Riveros, quien, antes de ser funcionario judicial, había sido candidato a intendente en el departamento. En el listado de tres candidatos, el bloquismo pudo ubicar a Victoria Aguilera, asesora Letrada del Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), que cuenta con el respaldo del intendente y el diputado de Iglesia, Jorge Espejo y Gustavo Deguer, destacaron las fuentes.

La denuncia de Vallejos apuntó contra los miembros de la Sala I de la Corte, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. El cuestionamiento, en esencia, tiene que ver con la sentencia que sacaron sobre lo que queda de pagar de la indemnización por la expropiación de la exbodega La Superiora. En su planteo, el empresario criticó que los ministros ordenaran una nueva tasación del inmueble a valor actual, cuando la expropiación se hizo en 2012.

También objetó que García Nieto y Olivares Yapur, como miembros del Tribunal Electoral en 2023, firmaran la resolución que dispuso que se separara la elección de gobernador y vice de las de los diputados. En su momento, tal decisión se tomó debido a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó suspender los comicios de gobernador y vice debido a que tenía que definir si habilitaba o no la candidatura de Sergio Uñac, la que, después, terminó bajando. El cuestionamiento se basa en que la Constitución provincial dispone que la elección de los máximos cargos provinciales debe hacerse conjuntamente con los de diputados, cosa que no se efectuó.

El pedido de juicio político conlleva la intervención de la Cámara de Diputados, a través de la Sala Acusadora, su Comisión Investigadora y la Sala Juzgadora. Al margen de la contundencia o no de la denuncia, la que, a diferencia de un proceso judicial, su resolución es de tipo política, todo el procedimiento puede resultar desgastante para el gobierno de turno.

En ese marco, ¿al oficialismo le es conveniente avalar un juicio político contra tres miembros de la Corte, con la que ha venido teniendo diálogo y contacto institucional? Bajo la gestión de Orrego, el máximo tribunal puso en marcha el sistema acusatorio penal en su totalidad y, debido a ello, envió un proyecto de ley para reforzar dicho mecanismo a través de la creación de 80 cargos. Esos puestos implican un visto bueno del Ejecutivo y un OK a los recursos.

El acusatorio es un sistema que brinda una respuesta judicial rápida. ¿Sería echar todo eso por la borda a raíz de una denuncia? Es lo que se preguntan algunas voces del oficialismo, por lo que aseguran que no hay ningún movimiento detrás. Inclusive, en la Legislatura, el orreguismo ha conseguido una mayoría a través de aliados, entre los que se cuentan a algunos peronistas en ciertas votaciones.

Entonces, sería un serio riesgo someter semejante tema a una discusión, entienden en el oficialismo, teniendo en cuenta el vínculo que tuvieron los cortistas con el justicialismo. Lima fue vicegobernador de José Luis Gioja y Sergio Uñac y García Nieto fue asesora Letrada de Gobierno de este último mandatario provincial. Si bien Olivares Yapur hizo toda su carrera en el Poder Judicial, en 2003 fue candidato a diputado por Pocito.

El procedimiento

De acuerdo a la Constitución, el gobernador, el vice, los miembros de la Corte, el fiscal General y el Fiscal de Estado “sólo pueden ser denunciados ante la Cámara de Diputados por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes”. Vallejos le apuntó a tres cortistas por la tercera causal.

Ante una denuncia de juicio político, la Cámara se divide en dos Salas compuestas en partes iguales por la totalidad de sus miembros: la Primera, que tiene a su cargo la acusación, y la Segunda, que es la encargada de juzgar. El planteo del empresario ya se encuentra en la Sala Acusadora y su presidente, Enzo Cornejo, del Pro, apunta a enviárselo esta semana a los miembros de la Comisión Investigadora de cinco miembros: los orreguistas Marcela Quiroga y Carlos Jaime, el libertario Fernando Patinella y los justicialistas Sonia Ferreyra y Pedro Albagli.

Esta comisión “tiene por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación” y tiene 40 días hábiles para hacerlo. En ese plazo, debe presentar un “dictamen a la Sala acusadora, que podrá aceptarlo o rechazarlo necesitándose mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros cuando el dictamen fuera favorable a la acusación”. De acuerdo a las fuentes, la mayoría absoluta consiste en la mitad más uno de sus integrantes.

Además, las fuentes agregaron que el dictamen de la Comisión no es vinculante, aunque es un parámetro a seguir. En ese sentido, la Sala Acusadora puede ir en un sentido totalmente contrario a lo que disponga la comisión.

Si la Sala Acusadora admite la denuncia, “el acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo”, además de que debe conformar una “comisión de tres de sus miembros para que la sostenga (a la acusación) ante la Segunda Sala, constituida en el tribunal de sentencia”.

La Sala Juzgadora debe realizar su parte del juicio político en 30 días y la Constitución señala que “ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros”. Además, resalta que “el fallo no tiene más efecto que el de destituir al acusado y aún inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado”.

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