Vallejos insistió en el juicio político contra Marcelo Lima, pero la Cámara de Diputados rechazó su pedido.

Sergio Vallejos, excandidato a gobernador y referente de Evolución Liberal, intensificó esta semana sus esfuerzos para impulsar un juicio político contra tres miembros de la Corte de Justicia de San Juan, haciendo foco en Marcelo Lima. Vallejos acusa a Lima de incurrir en una grave incompatibilidad de funciones, señalando que el cortista mantiene la titularidad del registro notarial número 22, situación que a su juicio contradice la normativa vigente. “Es muy grave esto porque la ley es clara, y él no puede alegar desconocimiento. Como miembro de la máxima autoridad judicial de la provincia, Marcelo Lima debería conocer sus obligaciones”, sostuvo Vallejos en declaraciones a la prensa.

La ampliación del pedido fue presentada el lunes ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, pero fue rápidamente rechazada. Según los legisladores, la solicitud no aportaba elementos complementarios a la denuncia inicial presentada a principios de octubre, que además de la presunta incompatibilidad en el cargo de Lima, señalaba irregularidades en la expropiación de la exbodega La Superiora y cuestionaba las elecciones provinciales de 2023.

“La comisión ha decidido no incluir este nuevo planteo en el expediente original, ya que no suma pruebas adicionales”, explicó una fuente de la Cámara de Diputados. La Comisión Investigadora, conformada por los legisladores Carlos Jaime y Marcela Quiroga (orreguistas), Pedro Albagli y Sonia Ferreyra (peronistas) y Fernando Patinella (Libertario), acordó que el pedido de Vallejos no tiene suficiente respaldo documental como para ser incorporado al proceso en cursor.

El núcleo del reclamo de Vallejos radica en que Lima, al asumir como cortista, debía haber cedido o renunciado a la titularidad del registro notarial. Vallejos considera que este aparente incumplimiento de la normativa establece un conflicto ético y legal, ya que el cargo de cortista es vitalicio, lo que exigiría una dedicación exclusiva en el ejercicio de sus funciones judiciales.

El proceso de evaluación de la denuncia inicial sigue en marcha, y la comisión investigadora tiene plazo hasta la última semana de noviembre para emitir una resolución sobre el pedido de juicio político original, cumpliendo con el límite de 40 días estipulado por la Constitución. Entretanto, Vallejos continúa su campaña para lograr la destitución de los miembros de la Corte.