La empresa Huarpe reconocida en Iglesia les ofrece el 50% de indemnizacion a empleados despedidos

En la mañana de hoy, la Subsecretaría de Trabajo será escenario de una audiencia de conciliación entre un grupo de 30 empleados despedidos y la empresa de seguridad Huarpe. Los trabajadores, representados por el abogado Roberto Correa Esbry, reclaman el pago completo de la indemnización correspondiente, mientras que la empresa propone abonar solo el 50 %, argumentando una disminución de trabajo no atribuible al empleador.

Según Correa Esbry, la justificación presentada por Huarpe carece de sustento. “No existe una crisis empresaria que respalde esta decisión. Por el contrario, la compañía se encuentra en plena expansión, especialmente en el sector minero”, aseguró. Además, el abogado denunció que los despidos fueron discriminatorios, ya que los empleados habían realizado un reclamo salarial previo. Este hecho podría derivar en un incremento de la indemnización, agregando un 50 % adicional según lo estipula la ley.

LOS ARGUMENTOS EN DISPUTA

La empresa, fundada en 2009 por Daniel Cárcamo, quien también fue presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), argumenta que la reducción de servicios contratados por el Ministerio de Salud Pública, como el caso del micro hospital Báez Laspiur y el CAPS de Pocito, generó la necesidad de despedir personal. Sin embargo, Correa Esbry sostiene que la empresa no agotó otras opciones legales, como la reducción de jornadas, suspensiones económicas o el procedimiento preventivo de crisis, antes de recurrir a los despidos.

Por otro lado, el abogado subrayó que Huarpe no ha demostrado imposibilidad de reubicar al personal en otros objetivos dentro de su amplio campo de operaciones, que incluye servicios en minería, salud, transporte de caudales y otros sectores estratégicos.

EL MARCO LEGAL

El conflicto gira en torno al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite una indemnización reducida solo en casos de fuerza mayor o disminución de trabajo «fehacientemente justificada». Correa Esbry argumenta que la empresa no cumple con estos requisitos, mientras que Huarpe insiste en que la disminución de servicios justifica su postura.

UN PROCESO CLAVE

La audiencia será liderada por Franco Marchese, titular de la Subsecretaría de Trabajo, y se espera que ambas partes presenten sus pruebas y argumentos. Este conflicto no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también podría sentar un precedente importante en la relación entre empresas de seguridad y sus empleados en la provincia.